El entrenador mexicano Javier Aguirre, se ve cada vez más implicado en el fondo de la situación de la que se le acusa por ser partícipe en un amaño del partido que enfrentaba al equipo que dirigía en aquel entonces, Zaragoza, frente al Levante, por la salvación de la temporada 2010-2011 de La Liga española.
En dicho partido, la situación para el cuadro de Aguirre era tan preocupante que solo le servía ganar al Levante como visitante para asegurarse los tres puntos y su permanencia en la primera división. Lo cual pasó prácticamente sin oposición alguna y a pesar de la investigación que surgió desde entonces, el caso se cerró en 2017; pero ahora la Audiencia de Valencia ha decidido reabrir todo y llevar a juicio a los jugadores, directivos y entrenadores implicados.
Según informa el diario MARCA de España, una de las situaciones clave ha sido la siguiente: «Aquel encuentro con el Levante salvó al Zaragoza del descenso, presuntamente a cambio de 965.000 euros que salieron de las arcas del club maño. Hasta nueve jugadores -Doblas, Lanzaro, Ander Herrera, Da Silva, Braulio, Ponzio, Jorge López y Diogo-, además del entrenador mexicano Javier Aguirre y el director deportivo Antonio Prieto, recibieron -siempre según el fiscal- dinero en sus cuentas corrientes que posteriormente retiraron y devolvieron a su presidente (Agapito Iglesias) en efectivo. Ninguno reconoció que fuera para un amaño», suscribe el diario deportivo.
Los jugadores no irían a prisión
Por otra parte, los distintos medios españoles que hacen eco de la noticia han informado que varios de los jugadores evitarían la cárcel debido a que la pena que se les exige e imputa es de dos años de condena y no hay antecedentes, por lo que podrían llegar a acuerdos en multas económicas para evadir cumplir dicha sentencia en prisión.
Sin embargo, la situación para Aguirre no parece tan clara, pues también se le vincula en otro caso de investigación del partido entre el Osasuna vs. Espanyol, del cual, si se comprueba también su participación, podría tener muy difícil no pisar la cárcel al menos durante dos años.
Por otra parte, tanto para Aguirre como para los directivos implicados se pide una inhabilitación de sus labores por unos seis años.